cinematismo: abril 2007

Editorial de "La Jornada" sobre la ley antiterrorismo

Editorial

Antiterrorismo improcedente

El pasado jueves, con la oposición de los integrantes del Frente Amplio Progresista, el Senado de la República aprobó un conjunto de reformas legales oficialmente orientadas a combatir el terrorismo en el país y a quienes lo practiquen y propicien. Consideradas en abstracto, las nuevas disposiciones podrían ser vistas como instrumento para consolidar la seguridad nacional y la paz en el territorio nacional. Pero, en las condiciones concretas del México actual, constituyen una de las más improcedentes, nocivas y peligrosas concesiones de cuantas ha realizado hasta ahora el grupo gobernante a la cruzada internacional del gobierno estadunidense, en nombre del combate al terrorismo, en contra de varios pueblos y gobiernos, así como un alarmante retroceso en materia de derechos y libertades.

Por principio de cuentas, el fenómeno referido no forma parte, ni de lejos, de la acuciante problemática de la presente coyuntura nacional: las lacerantes desigualdades sociales, la creciente inoperancia de los sistemas públicos de salud y educación, la inveterada corrupción en los organismos gubernamentales, los enormes huecos legales de una democracia formal impugnada, la ofensiva de delincuencias que no guardan relación alguna con organizaciones terroristas, el retroceso en materia de derechos humanos y el escandaloso régimen de privilegios fiscales para los grandes capitales son, entre otros, temas que afectan de manera real al país y a su estabilidad, que ameritan modificaciones a las leyes correspondientes y que, en consecuencia, tendrían que ocupar la atención del Legislativo de manera prioritaria. El terrorismo y las medidas para combatirlo, en cambio, son para México asuntos ajenos. El incorporarlos en la legislación nacional es una forma de afiliar al país en una causa fundamentada en falsedades, medias verdades e intereses geoeconómicos inconfesables, como son las guerras de George W. Bush.

Por otra parte, las reformas aprobadas, con sus equívocos e imprecisiones, abren la puerta para que luchadores sociales del país y del extranjero sean discrecionalmente calificados de "terroristas" y perseguidos como tales, lo que constituye una amenaza mayúscula a las libertades individuales y a los derechos políticos de los mexicanos. El hecho resulta especialmente preocupante si se tiene en mente que en el último año las disposiciones ya existentes en materia penal y de orden público se han aplicado de manera francamente excesiva y represiva contra opositores y que, a raíz de los conflictos de Texcoco-Atenco y de Oaxaca, hay en las cárceles del país buen número de reclusos que pueden ser considerados presos políticos. No es difícil imaginar que las tendencias autoritarias y represivas en el actual régimen encontrarán una vía abierta en la caracterización de terroristas aprobada hace dos días: "quien utilice [...] cualquier medio violento [...] para [...] presionar a la autoridad para que tome una determinación". Con semejante tipificación, movimientos como el mexiquense y el oaxaqueño podrían ser homologados con Al Qaeda. Tal es el tamaño del despropósito senatorial.

Finalmente, las modificaciones legales aprobadas establecen una espada de Damocles sobre los ciudadanos mexicanos que se solidarizan en forma organizada con movimientos de resistencia y liberación en distintas regiones del mundo. Los partidarios de causas legítimas, como la palestina o la saharaui, que tienen o han tenido expresiones armadas, podrían ser calificados de terroristas sin torcer demasiado la letra y el espíritu de las disposiciones reformadas.

Resulta necesario, en consecuencia, pugnar por revertir los cambios legales introducidos antier en el Senado de la República, especialmente los efectuados al artículo 139 del Código Penal Federal.

Fuente: La Jornada (28-04-2007)

New York Times sobre la tragedia del Tec. de Virginia

La matanza en la Universidad Politécnica de Virginia le impone a la sociedad estadounidense un nuevo enfrentamiento consigo misma, su violencia, el fetichismo de las armas que embarga a parte de la población, las perturbaciones de una juventud sometida a la doble tiranía de la abundancia y de la competencia.

Sería injusto, y sobre todo equívoco, reducir a Estados Unidos a la imagen que de manera recurrente proyectan los accesos de furor mortífero a los que ceden individuos aislados. Pero los hechos de este tipo son excepcionales en otras partes, mientras que con frecuencia vienen a desfigurar el "sueño americano".

Todo lo que George W. Bush pudo decir, una vez expresadas sus condolencias, es que "las escuelas deben de ser lugares de seguridad, santuarios consagrados al estudio". Para este presidente republicano, ex gobernador de Texas, campeón de esos estados del centro y del sur de Estados Unidos donde se mantiene la "cultura de la pradera", la matanza de Blacksburg no refleja más que la trágica aberración de un individuo. A los ojos de George W. Bush, no se plantea la cuestión del comercio de armas en Estados Unidos, ni tiene porqué plantearse.

No hay lugar para la sorpresa cuando el jefe del ejecutivo estadounidense se apoya en un partido que llegó al grado de negarse, en 2004, a renovar la prohibición del comercio de fusiles de asalto, aprobada por el congreso en 1994, cuando tenía mayoría demócrata durante la presidencia de Bill Clinton.

Este tuvo el valor de enfrentarse al poderoso grupo de presión de armas de fuego, pero tuvo que limitar sus ambiciones a dos medidas, ciertamente oportunas pero modestas: la obligación de los vendedores de armas de verificar que el comprador no tuviera antecedentes penales y la prohibición de la venta de los fusiles de asalto.

Las armas son parte de la ideología estadounidense a tal grado que los mismos demócratas, aunque inclinados a considerar que el culto de la libertad indivivual debe equilibrarse con el interés general, no abordan ese tema más que con mucha prudencia. Durante la última campaña presidencial, el candidato demócrata, John F. Kerry, se cuidó bien de tomar posición en favor de un enmarcamiento más serio. La presión de la Asociación Nacional del Rifle, el grupo de presión más poderoso de Estados Unidos, capaz de organizar campañas locales en contra de un diputado o senador hostil a sus opiniones, explica en gran parte esa pusilanimidad.

No obstante, en un país donde el derecho a poseer y portar armas está inscrito en la constitución y donde se calcula en 192 millones el número de armas de fuego, el problema no es sólo el de un grupo de interés particular. Después de la tragedia de Virginia se han elevado voces para deplorar que los profesores y los estudiantes no estén autorizados a ir armados pues, de ese modo, uno de ellos hubiera podido neutralizar al agresor. Con tales razonamientos, Estados Unidos está muy lejos de controlar la violencia.

Fuente: The New York Times