Editorial de "La Jornada" (07-12-06) Militarización del país
EditorialSeguridad y bienestar: presupuestos equivocados
El planteamiento presupuestal realizado por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, constituye una radiografía inequívoca de la visión del país y de la vida que posee el grupo gobernante. Su prioridad central es el apuntalamiento de la seguridad pública por medio de la policía y las fuerzas del orden; atrás queda la atención a las desigualdades sociales y a la pobreza, mientras la educación y la cultura se perciben como ramos prescindibles y se les practica, en consecuencia, un recorte presupuestal demoledor, equivalente en tamaño al incremento que se asignará a las fuerzas armadas: 2 mil millones de pesos.
El calderonismo se presenta, así, maniatado por sus propias obsesiones, de las que busca hacer partícipe al conjunto de la sociedad: su plan de gobierno parece centrarse en derrotar a una sedición que no existe, pero que puede ser provocada por los desatinos gubernamentales, y a erradicar los fenómenos más visibles y atractivamente mediáticos de la delincuencia organizada: narcotráfico, secuestro y robos. Es decir, se trata de combatir fenómenos que molestan a Estados Unidos y que causan angustia principalmente en las clases acomodadas y medias altas.
Tal vez sería mucho pedir que los estrategas del actual gobierno comprendieran o aceptaran que comprenden que la creciente ingobernabilidad y las expresiones de descontento popular no se combaten a garrotazos, torturas, desapariciones y cárcel, como ha empezado a hacerlo en Oaxaca el nuevo secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, sino resolviendo de raíz una problemática social que el panismo heredó hace seis años y que ha llevado a una agudización sin precedente en el país. Posiblemente sea iluso suponer en los gobernantes el grado de entendimiento que se requiere para concluir que la guerra contra las drogas no se podrá ganar en tanto la producción, el transporte y la distribución de estupefacientes ilícitos sigan siendo un gran negocio, y que en tales circunstancias los recursos adicionales destinados a perseguir tales actividades incrementan los márgenes de ganancia de los cárteles. Seguramente sería inútil plantearle al nuevo gabinete que el auge de la delincuencia organizada en general es consecuencia y síntoma de una sociedad gravemente depauperada, fracturada y desgarrada, así como de una administración pública severamente descompuesta y corrompida.
Para ilustrar esta condición, basta con comparar la diferencia de actitudes de Calderón y sus colaboradores ante, por un lado, disidencias sociales que no pueden llamarse delincuencia, y ante una criminalidad político-empresarial de cuello blanco la que saqueó al país al amparo del rescate bancario y del Fobaproa-IPAB, por ejemplo que si bien no pintarrajea paredes ni lanza piedras a los efectivos del orden, se apropió de más de 50 mil millones de dólares de fondos públicos, con la bendición legislativa de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional; una criminalidad que no secuestra a personas físicas, pero que secuestró los dineros del país por un largo periodo.
A falta de visión de Estado, el nuevo gobierno ha exhibido una mentalidad de operativo policial y de fuerza antimotines, para la cual es lógico y congruente distraer recursos de las aulas, la impresión de libros, la elaboración de películas, los museos y las artes escénicas, para invertirlos en tanquetas, armas cortas y largas, chalecos antibalas, y acaso también hay datos que así lo indican en la represión desatada contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca instrumentos de tortura.
A lo que puede verse, quienes se vanaglorian de ser herederos ideológicos de Manuel Gómez Morín no son capaces de percibir los vínculos entre desarrollo cultural y respeto a la legalidad, entre bienestar y seguridad o, inversamente, entre desempleo y delincuencia. Su idea del Estado se reduce más bien a las fuerzas públicas policiales, militares o paramilitares del Estado. Lo demás salud, educación, cultura, desarrollo social es visto como superfluo. Corresponde al Congreso de la Unión impedir que prospere este proyecto atroz de presupuesto; de lo contrario, se consolidaría lo que constituye ya está a la vista la propuesta de nación del calderonismo: una república policial y oligárquica, en la que la educación y la cultura serían privilegio exclusivo de los pudientes.
Fuente: www.jornada.unam.mx
El planteamiento presupuestal realizado por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, constituye una radiografía inequívoca de la visión del país y de la vida que posee el grupo gobernante. Su prioridad central es el apuntalamiento de la seguridad pública por medio de la policía y las fuerzas del orden; atrás queda la atención a las desigualdades sociales y a la pobreza, mientras la educación y la cultura se perciben como ramos prescindibles y se les practica, en consecuencia, un recorte presupuestal demoledor, equivalente en tamaño al incremento que se asignará a las fuerzas armadas: 2 mil millones de pesos.
El calderonismo se presenta, así, maniatado por sus propias obsesiones, de las que busca hacer partícipe al conjunto de la sociedad: su plan de gobierno parece centrarse en derrotar a una sedición que no existe, pero que puede ser provocada por los desatinos gubernamentales, y a erradicar los fenómenos más visibles y atractivamente mediáticos de la delincuencia organizada: narcotráfico, secuestro y robos. Es decir, se trata de combatir fenómenos que molestan a Estados Unidos y que causan angustia principalmente en las clases acomodadas y medias altas.
Tal vez sería mucho pedir que los estrategas del actual gobierno comprendieran o aceptaran que comprenden que la creciente ingobernabilidad y las expresiones de descontento popular no se combaten a garrotazos, torturas, desapariciones y cárcel, como ha empezado a hacerlo en Oaxaca el nuevo secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, sino resolviendo de raíz una problemática social que el panismo heredó hace seis años y que ha llevado a una agudización sin precedente en el país. Posiblemente sea iluso suponer en los gobernantes el grado de entendimiento que se requiere para concluir que la guerra contra las drogas no se podrá ganar en tanto la producción, el transporte y la distribución de estupefacientes ilícitos sigan siendo un gran negocio, y que en tales circunstancias los recursos adicionales destinados a perseguir tales actividades incrementan los márgenes de ganancia de los cárteles. Seguramente sería inútil plantearle al nuevo gabinete que el auge de la delincuencia organizada en general es consecuencia y síntoma de una sociedad gravemente depauperada, fracturada y desgarrada, así como de una administración pública severamente descompuesta y corrompida.
Para ilustrar esta condición, basta con comparar la diferencia de actitudes de Calderón y sus colaboradores ante, por un lado, disidencias sociales que no pueden llamarse delincuencia, y ante una criminalidad político-empresarial de cuello blanco la que saqueó al país al amparo del rescate bancario y del Fobaproa-IPAB, por ejemplo que si bien no pintarrajea paredes ni lanza piedras a los efectivos del orden, se apropió de más de 50 mil millones de dólares de fondos públicos, con la bendición legislativa de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional; una criminalidad que no secuestra a personas físicas, pero que secuestró los dineros del país por un largo periodo.
A falta de visión de Estado, el nuevo gobierno ha exhibido una mentalidad de operativo policial y de fuerza antimotines, para la cual es lógico y congruente distraer recursos de las aulas, la impresión de libros, la elaboración de películas, los museos y las artes escénicas, para invertirlos en tanquetas, armas cortas y largas, chalecos antibalas, y acaso también hay datos que así lo indican en la represión desatada contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca instrumentos de tortura.
A lo que puede verse, quienes se vanaglorian de ser herederos ideológicos de Manuel Gómez Morín no son capaces de percibir los vínculos entre desarrollo cultural y respeto a la legalidad, entre bienestar y seguridad o, inversamente, entre desempleo y delincuencia. Su idea del Estado se reduce más bien a las fuerzas públicas policiales, militares o paramilitares del Estado. Lo demás salud, educación, cultura, desarrollo social es visto como superfluo. Corresponde al Congreso de la Unión impedir que prospere este proyecto atroz de presupuesto; de lo contrario, se consolidaría lo que constituye ya está a la vista la propuesta de nación del calderonismo: una república policial y oligárquica, en la que la educación y la cultura serían privilegio exclusivo de los pudientes.
Fuente: www.jornada.unam.mx
posted by dm at 7:31 a.m.
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