¡¡¡CORRUPCIÓN EN EL TRIFE (TEPJF)!!!

Editorial
TEPJF: atraco legalizado

Las obscenas cantidades que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pretenden otorgarse como "pago de retiro", y que hasta antes de que se volvieran materia de escándalo rondaban los 7 millones y medio de pesos por cabeza, constituyen un ejemplo contundente de la manera en que el robo proverbial de dineros públicos practicado por funcionarios y representantes populares, lejos de erradicarse, ha ido cobrando fuerza legal. El desvío de fondos del Estado, que cimentó cuantiosas fortunas en los tiempos dorados del priísmo, hoy se presenta como un conjunto de operaciones legítimas mediante las cuales los altos cargos de los tres poderes se otorgan a sí mismos percepciones, prebendas y privilegios que resultan especialmente insultantes en un país caracterizado por las abismales carencias materiales de la mayor parte de su población.

Si antaño buena parte de los recursos públicos iban a parar en forma furtiva a los bolsillos de funcionarios inescrupulosos, ahora las apropiaciones respectivas se realizan a la luz del día, amparadas, paradójicamente, en el eslogan de la "transparencia". Botones de muestra: en abril de 2005 la administración del máximo tribunal electoral del país canalizó a uno de los fideicomisos de retiro 21 millones de pesos bajo el rubro "otras erogaciones", y ningún organismo de fiscalización consideró incorrecta la transacción; cuatro años antes, en julio de 2001, la Comisión de Administración de la institución creó tal fideicomiso con dinero procedente, dijo, de "ahorros" logrados en el ejercicio fiscal del año anterior, y a nadie le pareció extraño que los funcionarios se apoderaran del dinero público no gastado.

Tras el conocimiento por la opinión pública de semejante inmoralidad, el presidente del TEPJF, Leonel Castillo, anunció que él y sus colegas habían acordado "devolver" 30 de los casi 53 millones de pesos que se acumulan a la fecha en el fideicomiso mencionado ante los señalamientos de ilegalidad formulados por "algunos sectores", lo que reduciría el "pago de retiro" de siete y medio a poco menos de 3 millones para cada magistrado. Otros dos fideicomisos, que suman más de 35 millones, se reservan para el retiro de los secretarios general y administrativo del tribunal y para los secretarios en general.

Durante una década las percepciones y las prestaciones de los empleados públicos referidos totalizaron más de 370 mil pesos mensuales ­más del doble del salario del Presidente de la República, de por sí desmesurado­, lo que hace un total, por cabeza, de más de 44 millones de pesos. Todo ello, en un entorno social en el que el salario mínimo vigente es de unos mil 500 pesos mensuales. Este contraste pone de manifiesto distorsiones monstruosas en el ejercicio de cargos públicos elevados: no se trabaja para servir, sino para enriquecerse, y las cúpulas de las instituciones del Estado, en vez de atenuar la exasperante desigualdad, la ahondan y la agravan.

El agravio, ha de insistirse, no es exclusivo del TEPJF. En el Poder Ejecutivo federal, en las gubernaturas, en las legislaturas nacional y estatales, en organismos paraestatales y hasta en presidencias municipales proliferan los funcionarios que se otorgan a sí mismos percepciones exorbitantes e insultantes. Antes esta práctica se realizaba en secreto y era delito. Hoy se realiza a la vista de todo el mundo y es legal. En el abuso de las posiciones de la administración pública el grupo en el poder ha transitado de la corrupción furtiva al "moderno" y desmoralizante cinismo, pero conserva la cara dura para exigir a quienes ganan uno o dos salarios mínimos "respeto a las instituciones".